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ZTE, en situación critica

Una de las primeras víctimas de la línea política y comercial del actual gobierno de Estados Unidos es ZTE, la firma china de telecomunicaciones que fue severamente sancionada por no cumplir la advertencia estadunidense de no vender teléfonos a Irán y Corea del Norte.

La sanción impuesta a ZTE consiste en que le será negado el abasto de suministros tecnología por parte de empresas EU; específicamente de procesadores Qualcomm y de aplicaciones de Google.

Además, tiene impedido establecer nuevos negocios con empresas financiera o proveedores de materias primas de EU.

La sanción implica que el acceso a Android y Play Store queda vetado para ZTE. Pese a que Android tiene una licencia de código abierto, las aplicaciones de Google son software propietario.

Aunque un gran volumen de teléfonos se fabrican en China y cuentan con sus propias aplicaciones, existe hardware y software de EU fundamental en la producción de ZTE.

Con respecto a los procesadores, existen otras alternativas, como Mediatek de Taiwán; sin embargo, para una empresa de estas dimensiones, no es sencillo cambiar de proveedores de un día para otro, sobre todo –como advierte ZTE- por el vacío que deja Qualcomm.

ZTE continúa negociando con el gobierno de Estados Unidos para evitar su quiebra; no obstante, ya ha tomado algunas decisiones que no vislumbran un buen futuro, como cerrar el sitio Web y las redes sociales en España, desde el pasado 20 de abril.

Por último, el panorama tampoco es halagador para Huawei, ya que ésta y ZTE fueron acusadas por varias agencias de seguridad de EU de vender productos que no eran completamente seguros, pero no se aportaron datos concretos al respecto.

Otro dato curioso es que en la Unión Europea, que suele ser bastante exigente en la privacidad de las tecnologías, no ha hecho ninguna advertencia al respecto.

Pero no es la primera vez que productos tecnológicos de países con los que Estados Unidos mantiene una especie de guerra fría han sido puestos en entredicho. El caso más conocido es el de la firma rusa de seguridad Kaspersky, que fue prohibido en agencias gubernamentales.

(con información de La Vanguardia)